A partir de este mes de marzo ya se podrá consultar de manera oficial el nuevo borrador de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, una norma que el Gobierno propone por segunda vez en esta legislatura y que para algunos llega con bastante retraso. Su puesta de largo será en el Congreso de los Diputados .

El borrador aporta toda una serie de cambios en el funcionamiento y la financiación de la investigación científica y técnica en España, que se regía por una ley de 1986. Sin embargo, este segundo texto recoge pocas novedades con respecto al anterior -que fue presentado en febrero del pasado año y paralizado- salvo algunos matices. Ahora, y como ya estaba previsto, todo este sector pasará a depender del Consejo de Política Científica y Tecnológica, formado por las comunidades autónomas y diferentes ministerios.

El texto ha quedado articulado prácticamente como la primera propuesta: un Título Preliminar, que regula los objetivos de la Ley y detalla los agentes y entidades tanto públicas como privadas a los que va dirigida y forman el Sistema Español de Ciencia y Tecnología, y cuatro títulos principales más varias disposiciones.

Para que funcione todo el engranaje del sistema de ciencia y tecnología, la ley establece como herramienta una Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, que será aprobada por el Consejo de Política Científica y Tecnológica, bajo las recomendaciones de un consejo asesor y tras consultar al Comité Español de Ética de la Investigación.

Pero quizá lo que muchos esperan es conocer cómo cambiará la carrera científica. En el caso del personal investigador al servicio de universidades públicas y de los Organismos Públicos de Investigación (Opis), el Gobierno sustituirá las becas para los más jóvenes por contratos con todas las prestaciones sociales y desde el primer momento, es decir, desde su etapa predoctoral. Su duración será de un año prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro.
En programas postdoctorales, se crea un nuevo contrato fijo de acceso que reemplaza al actual modelo de contratos temporales (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva). Se trata de adaptar así al ámbito español el denominado modelo anglosajón «tenure track». La duración del contrato será por cinco años y el investigador tendrá dos evaluaciones (una a los tres años y otra al quinto). Superando cualquiera de ellas, pasará a ser indefinido.
Para captar el talento a nivel internacional y facilitar el retorno de nuestros investigadores, la ley regula un nuevo contrato especial de investigador distinguido. Esta figura está enfocada a la dirección de equipos humanos y programas científicos y tecnológicos de gran relevancia.

La ley elimina burocracia para facilitar la movilidad de cualquier tipo (geográfica, interdisciplinar, público-privado) de los investigadores. Así se concederán excedencias de hasta cinco años para trabajar en la empresa privada y en otras entidades públicas, y teniendo derecho a la reserva de su puesto inicial.
Asimismo, el texto crea un nuevo agente de financiación que tiene por objetivo impulsar la investigación científica y técnica en España: la Agencia Estatal de Investigación, que se unirá al actual Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

Fuente: ABC.es